Castilla y León destina 124.500 euros a impulsar la construcción sostenible y la rehabilitación

El Consejo de Gobierno de la Junta de Castilla y León aprobó el 1 de octubre la concesión directa de una subvención de 124.500 euros al Instituto de la Construcción de Castilla y León (ICCL), según recoge el dosier oficial de la reunión. El dinero se destinará a actuaciones estratégicas relacionadas con la construcción sostenible, la rehabilitación de edificios, la vivienda y la aplicación de la inteligencia artificial al sector.

Un apoyo a la rehabilitación desde la base

El ICCL es una entidad de referencia para el sector de la edificación en la comunidad. Entre sus líneas de trabajo habituales figuran la difusión de herramientas como la Inspección Técnica de Edificios y el Libro del Edificio Existente, la formación de profesionales y el reconocimiento de buenas prácticas en construcción sostenible. Medios regionales que se hicieron eco del acuerdo, como Desde Soria, destacaron precisamente estas líneas.

La cuantía no es comparable con los grandes programas de ayudas a la rehabilitación, pero apunta a una necesidad real: que propietarios, comunidades y técnicos dispongan de información y de herramientas para saber en qué estado se encuentran sus edificios y qué mejoras tienen sentido. En una comunidad con un parque de viviendas envejecido, con inviernos largos y fríos y con muchos municipios pequeños, la rehabilitación energética es una de las vías más directas para reducir la factura de calefacción.

Diagnóstico antes de reformar

El Libro del Edificio Existente, previsto en la normativa estatal de ayudas a la rehabilitación, reúne el diagnóstico del inmueble y una hoja de ruta de las obras recomendadas, ordenadas por fases. Su punto de partida suele ser la situación energética del edificio, y ahí el certificado de eficiencia energética es una pieza básica: indica cuánto consume el inmueble, qué emisiones genera y qué mejoras recomienda el técnico.

Recordamos además que en Castilla y León el certificado debe presentarse en el registro autonómico a través de la plataforma de la Junta, con el pago de la tasa correspondiente, en un plazo máximo de tres meses desde su emisión.

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